Editorial

El litio a fuego lento

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El análisis del banco de inversión JPMorgan en cuanto a que Chile irá perdiendo protagonismo como productor litio de acá al final de esta década -superado por China en 2026 y Argentina en 2030- se suma a otros indicadores de que nuestro país podría estar desaprovechando la gran ventana de oportunidad que ofrece este mineral estratégico.

Hace poco, un listado de países con proyectos que deben entrar en línea hacia 2026 no incluyó a Chile, pero sí a Argentina y Bolivia, los dos otros miembros del llamado “triángulo del lito”. Por otra parte, el descubrimiento de un gran depósito de litio de EEUU es un recordatorio de que las ventajas (y desventajas) no están garantizadas. Mientras tanto, la estrategia nacional del litio anunciada en abril pasado avanza a un ritmo lento que no refleja el sentido de urgencia que el propio Gobierno ha enfatizado en esta materia (un motivo para incluir a Minería en el reciente cambio de gabinete).

Aún no es tarde para contemplar cambios, incluso giros, en la estrategia para el litio que impulsa el Gobierno.

La creación de la Empresa Nacional del Litio hace prever una ardua discusión legislativa, que lo será aun más en el marco del próximo ciclo electoral que comienza en pocos meses. En paralelo también es preciso abordar otros frentes, como la permisología que dificulta y encarece las inversiones , o la capacidad de las dos empresas estatales encargadas de liderar la estrategia del litio -Codelco y Enami- para cumplir ese rol en la práctica.

Al respecto, cabe destacar que incluso una medida intervencionista como el subsidio que entregará el Pentágono a la primera productora de litio del mundo para aumentar la extracción, recae en una empresa de conocida expertise y liderazgo en esa compleja industria, contrariamente a Codelco y Enami, ambas además en compleja situación financiera. En esto último parece prevalecer en enfoque estatista innecesario y desacertado.

Aún no es tarde para contemplar cambios, incluso giros, en la estrategia para el litio que impulsa el Gobierno. Su alcance puede discutirse, pero no son tiempos para confiar al Estado más responsabilidades de las que tiene, mucho menos en una industria estratégica en la que carece de experiencia.

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